Por Santiago Gandara, extraído de http://www.po.org.ar/prensaObrera/1448/politicas/la-colonizacion-del-capital-financiero
En enero de 2016, mediante un decretazo que luego convalidó el Congreso,
Macri liquidaba las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina
Digital. De un plumazo, clausuraba definitivamente el episodio de la “batalla
cultural”, lo que revelaba menos la fortaleza de Cambiemos que la absoluta
precariedad del armado de la legislación K. De hecho, la mentada ley
antimonopólica había cerrado su ciclo en 2014 con la promulgación de la ley de
las telefónicas (Argentina Digital) que habilitaba el ingreso de éstas al
mercado audiovisual; con el fracaso de la escalada contra el grupo Clarín y con
el derrumbe de la burguesía “nacional y popular” de medios que, tras
enriquecerse con la pauta publicitaria, dejaba a cientos de trabajadores en la
calle.
Como se recordará, el DNU de Cambiemos disolvía los organismos de
“control de medios” del kirchnerismo para crear otro todavía más centralizado y
dependiente del Poder Ejecutivo (ENACOM); además, favorecía una mayor concentración
en la televisión abierta y por cable, extendía los plazos de las licencias y,
sobre todo, autorizaba la propiedad cruzada: que los grupos audiovisuales
puedan acceder al mercado de las telecomunicaciones y que las telefónicas
puedan entrar al negocio del cable.
Los fundamentos del decreto argüían la tendencia inevitable a la
convergencia digital planteada por las nuevas tecnologías –una vez más, “no se
puede tapar el sol con las manos”. Pero la apelación a la racionalidad
tecnológica apenas disimulaba una nueva intervención del Estado para
redistribuir el fabuloso negocio de la infotelecomunicación. Más que digital,
la convergencia del macrismo es la del capital.
Un año después, otro DNU
Aquel decreto sólo abrió un primer capítulo de una guerra de intereses
entre las pocas corporaciones que monopolizan el mercado.
El principal favorecido por la nueva reglamentación era el grupo Clarín,
que, desde entonces, se preparó para desembarcar en el “liberado” mercado de
las telecomunicaciones que le habilita el cuádruple play (telefonía fija y
móvil, internet y televisión por cable). El grupo -que ahora cierra AGR y
despide trabajadores-, no paró de crecer y por doble vía: en marzo del año
pasado, a través del fondo buitre Fintech, de David Martínez, que controla el
40% de Cablevisión, compró Telecom. Luego, embolsó a un grupo de compañías de
telefonía celular (Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y
Callbi SA) y a fin de año completó la compra de Nextel con la que ya empezará a
brindar servicio de 3G y 4G. Si a esto se le suma el “premio” de una nueva y
jugosa pauta publicitaria: cartón lleno.
Pujas
Los restantes grupos recusaron el DNU por ser “restrictivo”. A DirecTV,
controlada por la estadounidense AT&T, se le prohibía expresamente brindar
su servicio por Internet (si bien lo venía haciendo desde el gobierno anterior
y lo siguió haciendo bajo este con un permiso precario). La “discriminación”
fue denunciada no sólo por lobistas como Claudio Loser (ex director del FMI)
sino hasta por el ex presidente Obama quien, según recoge la prensa, habría
llamado directamente a Macri.
El macrismo se ha empeñado en soldar una alianza con el grupo Clarín. El
gobierno, asediado en múltiples frentes, busca los servicios de la
“Corpo” de cara a unas elecciones de las cuales teme salir perdidoso. Esta
entente tiene su precio y es una fuente de choques con los grupos empresarios
rivales. En resumen, la crisis política se ha colado en la economía y los
negocios.
El macrismo ha tratado de calmar las aguas, compensando a las
telefónicas con otras concesiones: por caso, se las habilitó para desembarcar
en el mercado audiovisual pero tras un período de dos años que podía extenderse
por uno más. No parece que haya sido suficiente.
Telefónica amenazó con llevar el reclamo al CIADI y, en el reciente
viaje a España, incluso los medios oficiales se hicieron eco de los pedidos de
Felipe Rajoy y el lobista Felipe González, para que se les garantice el negocio
en el más breve plazo.
Como resultado de estos reclamos, Macri dispuso un nuevo decretazo. A
partir de enero de 2018, las telefónicas podrán ofrecer servicio audiovisual y
DirecTv hasta recibió una mención a medida, que la habilita a brindar el
servicio adicional por banda ancha.
La ley del capital
A pesar de haber sido conformada ya hace un año la comisión especial
para la redacción de una nueva ley de medios apenas ha funcionado. Pero nadie
se desvela demasiado y mucho menos los grandes grupos. Los sucesivos decretazos
ya delinearon los puntos centrales que procuran satisfacción garantizada para
esos grandes grupos. “La mejor ley de medios es la que no existe”, decía en
noviembre del año pasado el ministro de Comunicaciones, el milico Aguad.
Entretanto, avanza la nueva redistribución que abrió el gobierno.
Viacom, uno de las cinco megacorporaciones que controla la industria cultural
en el mundo, compró recientemente a Telefé por 345 millones de dólares. Este
mes se anunció la venta del 40% de las acciones del grupo Narváez al dueño de
Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quien a partir de ahora compartirá junto con
el grupo Vila el control de América TV, A24 (el canal de noticias), Radio La
Red, Primicias Ya y el Canal 10 de Junín. Y tras el melancólico final de
“Fútbol para Todos” recrudece la enorme disputa en la que están embarcados Fox,
Turner, ESPN, Cablevisión, Torneos.
“Hora de welcome y no de go home”, celebraba anticipadamente el
columnista Pablo Sirvén (La Nación, 20/11/16). Casi sin respiro, pasamos de la
impostura de la “democratización de la palabra” a la más cínica defensa de la
colonización financiera del sistema de medios y comunicación, la cual deberá
abrirse paso a través de pugnas económicas y políticas.
La convergencia de los negocios de las telecomunicaciones supone el
avance de la concentración monopólica, la fusión de empresas, su
“racionalización” (despidos), y el ataque a la organización obrera
independiente (AGR), un proceso que comenzó con CFK. y que necesitará doblegar
una resistencia obrera. Ésta tendrá que ser el punto de reagrupamiento desde el
cual plantear la defensa de la libertad de expresión, que es antagónica a los
monopolios capitalistas.
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