FUTBOL PARA TODOS: DEL DESFALCO A LA PRIVATIZACION

Por Jota Zubiardo

La privatización de la transmisión del fútbol de Primera División ya es un hecho. A partir del comienzo del nuevo torneo, a mediados de este mes, las empresas norteamericanas Turner (Time Warner) y Fox serán las encargadas de distribuir los partidos de la Superliga a los diferentes operadores de cable de todo el país.

De esta manera se deja atrás definitivamente el modelo del Fútbol para Todos (un nombre sólo parcialmente cierto, ya que al interior del país este llegaba en muchos casos por retransmisoras de cable), por el cual el Estado aportó más de 10 mil millones de pesos durante sus casi ocho años de duración.

Ahora, quien quiera ver fútbol desde su casa deberá pagar un abono que rondará entre los 8.00 y los 1.200 pesos –según el operador que contrate– más un plus de 300 a 500 pesos.

Privatismo

Desde hace unos meses el gobierno macrista inició una avanzada sobre el deporte. Si bien pareciera que la idea de transformar los clubes en sociedades anónimas deportivas ha sido frenada temporalmente −ya que no estarían dispuestos, por el momento, a pagar el costo político que esa medida podría acarrear ni sobrellevar los desacuerdos internos que provocaría– ha encontrado en la comercialización de los derechos televisivos de la Primera División el ángulo adecuado para continuar el camino a dejar incluso formalmente la actividad deportiva en manos de empresas privadas y, especialmente, de grandes pulpos empresariales internacionales como el de Turner y otros.

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Amparados en el manejo devastador que llevaron a cabo los dirigentes políticos y del fútbol con el subsidio millonario que otorgaba el Estado por Fútbol Para Todos, el gobierno macrista ha decidido cortar con dicha inyección de dinero que, supuestamente, debía ayudar a los clubes a “sanearse” (un rescate capitalista en el que nadie confiaba).

Desfalco K

El fracaso del programa FPT no es muy diferente al de otras políticas del kirchnerismo, consistentes en utilizar las cajas de la Anses, el PAMI o el Banco Central para subsidiar a diferentes empresas que, lejos de reinvertir, desviaban ese dinero en beneficio propio. A su vez, con el FPT el gobierno anterior se valió de las arcas públicas para crear un aparato propagandístico kirchnerista. Todo ese engranaje de corrupción resultó un trampolín directo a la privatización presente.

El Fútbol Para Todos no detuvo el desfalco a los clubes; por el contrario, lo acrecentó. Con el aval del gobierno y bajo la tutela de Grondona y luego de Segura al frente de la AFA, el subsidio millonario que debía llegar a los clubes para mejorar su situación se fue perdiendo en el camino o fue utilizado para otras cosas. Entre gastos exorbitantes, intermediarios, cuevas cambiarias amigas, deudas y préstamos, triangulaciones, pagos por servicios inexistentes, sobreprecios y otros manejos más que sospechosos, el dinero nunca se destinó a “sanear” la economía de los clubes.

Corresponde recordar, también, que el gobierno kirchnerista sólo comercializó la pauta del FPT durante seis meses de su gobierno; luego, durante los seis años restantes, recibió pagos de parte de un único auspiciante privado (Iveco) y en especie (camiones), mientras que el grueso de los espacios fueron cubiertos por pauta oficial. En el cuadro de una quiebra generalizada cada vez mayor del Estado, tal situación preanunciaba la muerte del FPT, que Mauricio Macri y Daniel Angelici −su hombre en el fútbol, en los Tribunales y en los servicios de Inteligencia− se encargaron de hacer efectiva.

Lejos de revisar los contratos y el destino de los subsidios del programa que permitía el libre acceso −al menos a una parte de la población− a los partidos de la Primera División mediante la TV abierta, el macrismo decidió cancelar dicho contrato de mutuo acuerdo con la AFA (encabezada por el yerno de Hugo Moyano, Claudio Tapia), encubrir a los responsables del desvío de fondos y del desfalco a los clubes, y vender el fútbol de Primera a dos empresas extranjeras, que se embolsarán una suma multimillonaria durante los próximos cinco años a costa del salario de los trabajadores.

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